La Ley de dependencia fue presentada y aprobada a principios del 2006. Mediante la misma, España constituía el llamado “cuarto pilar del Estado de Bienestar” que hace referencia a los cuidados de larga duración. Y es que, a través de esta ley, España adquiría un gran compromiso social y entraba a formar parte del modelo europeo que, ya en su constitución proclama garantizar la protección en casos como la dependencia y la vejez entre otros.
Lo que es evidente, es que había un vacío de protección que perjudicaba a numerosas personas que, debido a deficiencias, enfermedades o trastornos, necesitan del apoyo de una tercera persona para realizar las actividades más básicas del día a día. Y no sólo se encuentran desprotegidas estas personas con carencias, sino también sus cuidadores, los cuales suelen ser sus familiares en la mayoría de los casos.
De esta manera, los servicios públicos prestarán un gran apoyo que ayudará a descargar a numerosas familias, y en especial a muchas mujeres, de una parte del desmesurado trabajo que debían realizar en solitario y con grandes sacrificios.
Lo cierto es que esta ley, lamentablemente y por diversos motivos, no está funcionando como se esperaba.
Según el cálculo realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, los dependientes tardan entre 8 y 15 meses en tramitar las ayudas. Hay muchos casos en los que las personas dependientes mueren en el proceso de solicitud. Aunque no todas las comunidades están haciendo igual su trabajo. Andalucía, Aragón, Castilla y León y País Vasco sacan un notable, según el Observatorio de esta Asociación; y Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia suspenden estrepitosamente.
Es normal que una ley tan ambiciosa tenga dificultades para que comience a funcionar al cien por cien, ya que siempre hay unos plazos de adaptación en los que de forma gradual se va estabilizando. Pero pienso que no debería de existir esas diferencias tan abismales en la gestión entre las distintas CC.AA. Todos los dependientes deberían de tener las mismas oportunidades y derechos, independientemente de la comunidad donde resida. Esto pone de manifiesto que existe una gran descoordinación entre las diferentes instituciones públicas y que no se está siguiendo un mismo plan de trabajo.
En mi opinión, pienso que esta ley supone un gran avance social. Sin embargo, aunque no está funcionando como se esperaba (lo cual hay que corregir en la mayor brevedad), creo que esta ayuda es fundamental, y, con el transcurso de los años lo será aún más. Con esta medida, el Estado está previendo el envejecimiento acelerado de nuestra población y las evoluciones que están experimentando las familias actuales, las cuales cada vez tienen menos capacidades para encargarse del cuidado de sus familiares dependientes. Al mismo tiempo, esta ley también afecta positivamente a las mujeres (principales cuidadoras) y ofrece las mismas oportunidades entre aquellas personas que pueden costearse el apoyo que necesitan y las que no pueden permitírselo.
Lo que es evidente, es que había un vacío de protección que perjudicaba a numerosas personas que, debido a deficiencias, enfermedades o trastornos, necesitan del apoyo de una tercera persona para realizar las actividades más básicas del día a día. Y no sólo se encuentran desprotegidas estas personas con carencias, sino también sus cuidadores, los cuales suelen ser sus familiares en la mayoría de los casos.
De esta manera, los servicios públicos prestarán un gran apoyo que ayudará a descargar a numerosas familias, y en especial a muchas mujeres, de una parte del desmesurado trabajo que debían realizar en solitario y con grandes sacrificios.
Lo cierto es que esta ley, lamentablemente y por diversos motivos, no está funcionando como se esperaba.
Según el cálculo realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, los dependientes tardan entre 8 y 15 meses en tramitar las ayudas. Hay muchos casos en los que las personas dependientes mueren en el proceso de solicitud. Aunque no todas las comunidades están haciendo igual su trabajo. Andalucía, Aragón, Castilla y León y País Vasco sacan un notable, según el Observatorio de esta Asociación; y Canarias, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia suspenden estrepitosamente.
Es normal que una ley tan ambiciosa tenga dificultades para que comience a funcionar al cien por cien, ya que siempre hay unos plazos de adaptación en los que de forma gradual se va estabilizando. Pero pienso que no debería de existir esas diferencias tan abismales en la gestión entre las distintas CC.AA. Todos los dependientes deberían de tener las mismas oportunidades y derechos, independientemente de la comunidad donde resida. Esto pone de manifiesto que existe una gran descoordinación entre las diferentes instituciones públicas y que no se está siguiendo un mismo plan de trabajo.
En mi opinión, pienso que esta ley supone un gran avance social. Sin embargo, aunque no está funcionando como se esperaba (lo cual hay que corregir en la mayor brevedad), creo que esta ayuda es fundamental, y, con el transcurso de los años lo será aún más. Con esta medida, el Estado está previendo el envejecimiento acelerado de nuestra población y las evoluciones que están experimentando las familias actuales, las cuales cada vez tienen menos capacidades para encargarse del cuidado de sus familiares dependientes. Al mismo tiempo, esta ley también afecta positivamente a las mujeres (principales cuidadoras) y ofrece las mismas oportunidades entre aquellas personas que pueden costearse el apoyo que necesitan y las que no pueden permitírselo.
Vidal y sus dos hijos ingobernables
Vidal y su mujer, un matrimonio septuagenario, tienen un hijo esquizofrénico, de 40 años, y una hija con epilepsia, de 39. Ambos son ya mayores, y, cuando les dan sus ataques, no hay quien los gobierne. Viven en Valencia y desde principios de este siglo tienen solicitado un internado para ellos, sin éxito. Pero en éstas se aprobó la Ley de Dependencia, hace ya dos años, y en 2007 volvieron a intentarlo. A la hija, Natividad, le han valorado y es dependiente de grado 2 (hay tres), nivel II. "Al chico también, pero de éste no sabemos ni los resultados", dice Vidal.
A Natividad le han ofrecido una plaza en una residencia en un pueblo de Castellón, pero los padres, desesperados, están dispuestos a lo que sea, "con urgencia". La edad no es ya la misma, ni para el matrimonio ni para los hijos, y con los achaques propios es difícil hacerse cargo de los hermanos cuando la enfermedad les juega los clásicos malos momentos.
La semana pasada, mientras llevaban a Miguel a una revisión médica, Natividad, sola en casa, tuvo uno de sus brotes y se lio a tirar todo lo que encontró en el salón de la familia: acabó con floreros, platos, figuritas de porcelana. "Por lo menos 60 euros todo lo que se rompió", calcula el padre. Si Vidal hubiera estado en casa en ese momento, habría impedido que se mordiera las manos, algo que la mujer suele hacer, y la hubiera inmovilizado echándose encima de ella contra el suelo, como hace cuando eso ocurre. Aunque cada vez le cuesta más trabajo.
"Y cuando los ataques le dan a Miguel nos llama de todo menos bonito. Hace unos años le cambiaron la medicación y desde entonces está peor, ahora ya no se lleva tan bien con la hermana; cuando los dos se ponen mal tengo que llevarme a la chica a la habitación porque si no, la lían. Se ponen imposibles".
A sus 74 años, a Vidal ya no le agrada como antes volver a su pueblo, en Cuenca. El bregar con los hijos puede amargarle un buen día.
"Éste es un caso que necesita ayuda urgente", dice Palmira Castellano, presidenta de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), que se ha integrado en la plataforma de afectados que se ha montado en la comunidad, una organización que integra a más de 40 asociaciones.
A muchos de ellos les gustaría convocar una gran manifestación, pero los afectados por el mal ritmo que lleva esta ley en algunas comunidades son ancianos, o jóvenes discapacitados, el eslabón más débil de la sociedad.
La semana pasada, mientras llevaban a Miguel a una revisión médica, Natividad, sola en casa, tuvo uno de sus brotes y se lio a tirar todo lo que encontró en el salón de la familia: acabó con floreros, platos, figuritas de porcelana. "Por lo menos 60 euros todo lo que se rompió", calcula el padre. Si Vidal hubiera estado en casa en ese momento, habría impedido que se mordiera las manos, algo que la mujer suele hacer, y la hubiera inmovilizado echándose encima de ella contra el suelo, como hace cuando eso ocurre. Aunque cada vez le cuesta más trabajo.
"Y cuando los ataques le dan a Miguel nos llama de todo menos bonito. Hace unos años le cambiaron la medicación y desde entonces está peor, ahora ya no se lleva tan bien con la hermana; cuando los dos se ponen mal tengo que llevarme a la chica a la habitación porque si no, la lían. Se ponen imposibles".
A sus 74 años, a Vidal ya no le agrada como antes volver a su pueblo, en Cuenca. El bregar con los hijos puede amargarle un buen día.
"Éste es un caso que necesita ayuda urgente", dice Palmira Castellano, presidenta de la Asociación Valenciana de Dependientes y Cuidadores (Avadec), que se ha integrado en la plataforma de afectados que se ha montado en la comunidad, una organización que integra a más de 40 asociaciones.
A muchos de ellos les gustaría convocar una gran manifestación, pero los afectados por el mal ritmo que lleva esta ley en algunas comunidades son ancianos, o jóvenes discapacitados, el eslabón más débil de la sociedad.
